A LA RESOLUCIÓN DADA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE SAN MARTÍN  (DRA-SM)  SE SUMA, AHORA, EL IMPLÍCITO RECONOCIMIENTO DE LOS JUSTOS PEDIDOS DEL PUEBLO DE BARRANQUITA POR PARTE DEL MINISTRO DEL AMBIENTE DE PERÚ.

EN DECLARACIONES A LA COORDINADORA NACIONAL DE RADIO (CNR) EL Dr. ANTONIO BRACK HA EXPRESADO SU RECONOCIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DE LA DRG-SM.

LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE SAN MARTÍN TENIENDO EN CUENTA LEGISLACIÓN VIGENTE, ENUMERANDO UNA SERIE DE VICIOS Y RESALTANDO QUE LA RESOLUCIÓN 208-2008 DEL INRENA FUE EXPEDIDA SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY, ESPECIALMENTE EN EL REQUISITO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, RESOLVIÓ DECLARAR LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE IMPUGNA LA MUNICIPALIDAD DE BARRANQUITA Y DISPONE QUE LA EMPRESA SUSPENDA, A PARTIR DE LA FECHA, TODAS SUS ACTIVIDADES AL INTERIOR DEL PREDIO DENOMINADO “PALMAS DEL ORIENTE” EN BARRANQUITA.

RDR 021 2010 0122

Brasil, Colombia o Argentina son considerados como regiones con gran potencial para expandir la producción de agrocombustibles para abastecer a la Unión Europea, en mucha mayor medida de lo que ya se viene dando en estos países. Una de los argumentos que se esgrimen por parte de los defensores de los agrocombustibles es la existancia de extensas áreas de tierra disponibles, a las que se denominan comúnmnete como “tierras marginales” o tierras de deshecho, abandonadas, improductivas. Sin embargo, en este artículo sostendremos que el concepto de “tierras marginales” -tierras con un bajo valor productivo es un concepto muy confuso y su uso en el contexto de los agrocombustibles puede resultar peligroso. Esta calificación de “marginal” es introducida por un interés productivista y económico de considerar los suelos (1). Desde nuestro punto de vista, el hecho de que un recurso natural, como lo es el suelo, no esté siendo utilizado para producir un beneficio económico para el mercado globalizado, no significa que no tenga un gran valor ecológico y para las poblaciones locales.

Desde un punto de vista ecológico no existe la marginalidad. En zonas de poca productividad, la producción de biomasa puede ser baja, o puede ser necesaria gran cantidad de fertilizantes y agua, lo que tendrá otras consecuencias como contaminación de aguas y toxicidad. Las denominadas tierras marginales tienen desde un punto de vista social, una función clave para la subsistencia de comunidades rurales. Así lo destaca un reporte reciente de la FAO (2). La población rural, y de un modo especial las mujeres, extraen habitualmente de estas áreas, todo aquello que necesitan para su subsistencia, como el alimento, caza, agua y leña. Los planes de expansión de los monocultivos industriales tan sólo extreman el problema de la concentración de tierras, y termina dificultando e incluso impidiendo su acceso a la población que depende de ellas, y así minando su modo de vida.

Muchas áreas naturales en Latinoamérica, como en Brasil la selva amazónica, el cerrado, la mata atlántica y el pantanal, han sido ya gravemente afectados por el boom de la producción de agrocombustibles, y la conversión del uso de las tierras en monocultivos industriales. Millones de indígenas, afrodescendientes y campesinos viven en estos ecosistemas, y dependen de ellos. Muchos han sido ya expulsados de sus hogares, a menudo con violencia. Hoy crece palma aceitera, maíz, caña de azúcar o sojá transgénicas en sus territorios ancestrales. Los impactos indirectos del desplazamiento de personas son muy serios y deben ser tomados en cuenta. Estos se encuentran repentinamente obligados a comenzar una nueva vida, casi siempre en condiciones muchísimo peores, en los suburbios pobres de las grandes ciudades o villas miseria (3).

Las preocupaciones de los campesinos y organizaciones sociales y ambientales latinoamericanas deben ser tomados en consideración y respetados no sólo por aquellos que elaboran las políticas globalizadoras, sino también por consumidores y hasta por ambientalistas. Las políticas de la Unión Europea que promocionan ampliamente la introducción de agrocombustibles que deben elaborarse a base de materias primas procedentes de las commodities de estas tierras supuestamente “marginales”, están olvidando o fallando en valorar a las poblaciones rurales de los países del Sur, sus modos de vida y los ecosistemas donde viven y de los que dependen, sus culturas, sus tradiciones, y así también sus derechos. Estas poblaciones no están orientadas al mercado global, sino a la producción de alimentos para sí mismos. Esto es lo que se califica de “marginal” o “deshecho”. En países como Malasia o Indonesia se habla de la existencia de grandes áreas de tierras marginales, donde deberán implementarse las plantaciones de palma africana, pero sin embargo, estos países tienen unas de las tasas de deforestación más altas del mundo. Todos sistemas de certificación de agrocombustibles que aspira a implementar la Unión Europea para la supuesta utilización de agrocombustibles “sostenibles”, fallan en resolver el problema de las tierras marginales, sugiriendo simplemente que los cultivos para agrocombustibles deben implementarse en estas tierras, sin acertar a definir de un modo claro cuáles son y dónde están.

Retomando la reflexión acerca de las tierras marginales, nuestra apreciación en el seguimiento que hacemos de cómo se está desenvolviendo la expansión de los monocultivos, es que la industria de agrocombustibles tiene sus ojos puestos principalmente en las mejores tierras, pero de modo intencionalmente confuso se utiliza este término de “tierras marginales”. Lo que realmente puede observarse, es que la producción de agrocombustibles está teniendo lugar sobre los ecosistemas naturales, los sistemas de agricultura local y sobre las propias comunidades rurales.

Hablamos de Argentina, donde niños mueren de hambre diariamente en todo el país, de Colombia, donde la población afrocolombiana está siendo desplazada con violencia y asesinada por encargo de empresas para hacerse con sus tierras para las plantaciones de palma; de Brasil, donde la reforma agraria es el principal motivo de lucha para la población rural. En estos países, ninguna tierra es tierra marginal.

Caso Argentina: De la Soja a la Jatropha

En Argentina, algunos funcionarios del gobierno y empresas intentan promover la jatropha como cultivo que restaura los suelos y da un aceite reutilizable y no comestible. La planta a partir de la que se produce este aceite, supuestamente crece en “tierras marginales”, con una alta productividad y sin competir con la cadena alimentaria humana ni animal.

El Grupo de Reflexión Rural GRR, que se ocupa intensamente de los problemas que ocasiona el agronegocio en el campo argentino, denuncian que estos planes producirán aún más desplazamientos de campesinos, más concentración de tierras y de riqueza en pocas manos, además de añadir miles de hectáreas deforestadas a los ya desaparecidos bosques. “No se limitará a aumentar la pobreza, el hambre, la tuberculosis, el chagas, la leishmaniasis o la fiebre amarilla, sino que además, la especie es extremadamente invasiva y su impacto en áreas de biodiversidad como el chaco será aún peor que el impacto de la soja transgénica” denuncia un representante del GRR. Esto significa, que como ya ha pasado con otros de los cultivos destinados a la producción de agrocombustibles en Latinoamérica, como la soja, la palma, la caña de azúcar o el maíz, la introducción de jatropha en el sistema económico, “no significará mayor desarrollo para las familias campesinas y para las comunidades, pero incrementará el producto interior bruto que sólo enorgullece al gobierno, confundiendo una vez más crecimiento con desarrollo”. El cultivo de la jatropha curcas está por cierto aún prohibido en Argentina, porque los correspondientes estudios de plagas aun no han sido efectuados en el país. (4)

La expansión indiscriminada de los monocultivos de soja y la apertura a la lógica del agronegocio del mercado mundial, han destruido la coexistencia en el campo argentino entre grandes terratenientes, pequeños campesinos e indígenas. Los grandes terratenientes que se asociaron con las multinacionales ganaron la batalla, y miles de campesinos fueron desplazados en los últimos años del campo argentino. Mientras el precio internacional de la soja aumentaba, la soja se exendía más allá de las tierras fértiles, hacia las llamadas “tierras marginales”, en el norte del país. Ahí vivían campesinos que cultivaban alimentos, y comunidades indígenas que luchaban por sus derechos territoriales, de los que dependían para su supervivencia (5). Esa región tiene además una de las tasas de biodiversidad más altas del país. Un conflicto de tierras enorme, que se desenvuelve con violencia, comenzó con la soja, y continuará con los planes oficiales para implementar la jatropha.

Casos muy recientes de comunidades afectadas por las situaciones descritas en el norte de Argentina son la comunidad indígena Wichi, que resiste en contra de la deforestación de los bosques para dar paso a más expansión de más soja en la región del bosque seco del chaco en la provincia de Salta. O el caso de la comunidad indígena guaraní que fue expulsada violentamente de su tierra por los productores sojeros, con la complicidad del gobierno de la provincia de Jujuy. Estas luchas son sólo ejemplos puntuales, pero para nada únicos.

Robo de tierras en Colombia

Nada ilustra de una manera más clara los conflictos por la tierra y la inexistencia de las tierras “marginales” que el caso colombiano. En Colombia, existen conflictos gravísimos por la tierra, que implican muerte, robo, ocupación de las tierras, militarización y paramilitarización, y una serie larguísima de violaciones de derechos fundamentales. La revista colombiana Semana, publicó recientemente una sección especial sobre el tema del robo de las tierras (7), donde se afirma que quienes reclaman sus tierras son asesinados, torturados y amenazados. De las tierras usurpadas apenas se ha devuelto el 1 por ciento. Algunos habitantes del Chocó intentaron regresar a sus tierras encontrándose al llegar con la sorpresa de que su pueblo había sido demolido y en su lugar crecía palma africana. Quince mil personas fueron desplazadas en este contexto, sólo en el bajo Atrato para la implementación del megaproyecto agrícola, cuyo boom se basa también en el de los agrocombustibles. Pocos son los que continúan resistiendo desde 1997 en que comenzó este desplazamiento. Las vidas de los demás ya han sido cambiadas para siempre, y la ocupación ilegal de 29.000 hectáreas de tierras por empresarios ha sido reconocida por el Estado colombiano.

En Colombia, desde hace ya casi dos décadas parcelas campesinas vienen siendo usurpadas o sus dueños presionados para venderlas a precios bajos, en un confuso marco jurídico para hacer aparecer todo como “legal” (8). A pesar de este complejísimo contexto, el gobierno colombiano habla de que prevee una expansión potencial de hasta 3.500.000 ha para los cultivos de palma. La pregunta al estado colombiano sería dónde se localizan estos millones de hectáreas, pues se menciona la aptitud de suelo y clima y otros factores de producción, pero no el hecho de que se trata de territorios de pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas y campesinas. La revista Semana menciona un millón de hectáreas de tierras abandonadas en zonas remotas y conflictivas, que pertencecen a víctimas del conflicto armado; es impensable su ocupación para el agronegocio, ya que deberían ser restituidas a sus dueños legítimos. De este modo, más expansión de la palma en Colomiba, sólo podrá significar, al igual que en otras partes de Latinoamérica, más conflictos como los ya existentes sociales, culturales y económicos, además de los ambientales. Este es el peligro que supone la expansión de los agrocombustibles sobre cualquier superficie de tierra, aunque se llame a esta “marginal”.

Notas:

(1) Ibáñez Juan J., Dr. (CSIC-Universidad de Valencia), “Tierras Marginales: un Concepto Peligroso y Confuso”, http://weblogs.madrimasd.org/universo/archive/2008/06/01/93491.aspx (1-6-2008) and “Tierras Marginales y Biocombustibles de Segunda Generación: Otra Gran Mentira”

http://weblogs.madrimasd.org/universo/archive/2008/06/04/93758.aspx

(2) FAO Report, Andrea Rossi & Yianna Lambrou,“Gender and Equity Issues in Liquid Biofuels Production – Minimizing the Risks to Maximize the Opportunities” (4- 2008) ( http://www.fao.org/newsroom/es/news/2008/1000830/index.html )

(3) Global Forest Coalition, “The True Cost of Agrofuels: Impacts on Food, Forests, Peoples and the Climate ”, (2007) (http://www.globalforestcoalition.org/img/userpics/File/publications/Truecostagrofuels.pdf)

(4) http://www.grr.org.ar/documentos/LAS%20SOLUCIONES%20MAGICAS.htm

(5) Norma Giarranca, “Agrofuels in Latinamerica”, july 2007, ( http://www.grain.org/seedling/?id=491 )

(6) Desalojos y violencia contra comunidades indigenas en el norte de Argentina Noticias Urgentes del colectivo de CAPOMA- Jujuy, Argentina, august 2008 ( www.lasojamata.org )

Recursos acerca del monocultivo de la soja en: http://stop-agrocombustibles.nireblog.com/post/2008/03/04/documentacion-acerca-de-la-soja#more

(7) “Los usurpados del Chocó”, Revista Semana, http://www.semana.com/noticias-nacion/usurpados-del-choco/121717.aspx

(8) “Los están matando”, Revista Semana, http://www.semana.com/noticias-nacion/estan-matando/121735.aspx

Ginebra.- El elemento esencial de las indulgencias es la cesión a favor de una persona de los méritos realizados por otros. La doctrina básica era que la oración y las buenas obras tienen un valor acumulable que constituye el “Tesoro de la Iglesia”, una cuenta en el otro mundo. El depósito inicial serían los méritos de Jesús, luego abonaron los santos y miles de conventos y millones de devotos que elevan sus rezos[1]. Esas santas emisiones sumaron a la iglesia unos “trillions” en misericordia celestial. La iglesia giraba sobre esa cuenta divina a favor de los pecadores que hacían la buena obra de dar a la iglesia dinero sonante y de este mundo.

La Historia nos cuenta como ese ávido truco creó un mercado conocido como el “Tráfico de Indulgencias”. Un tráfico que fue de las más graves acusaciones esgrimidas por la rebelión protestante y que obligó a reformar el uso de sus indulgencias a la propia Iglesia Católica.

Ahora se habla otra vez del cielo y otra vez de indulgencias. Los ricos compran unos “Bonos de Carbono”, que les perdonan sus emisiones y que obligan a los países en desarrollo a no aumentar las suyas. El efecto es congelar la mala repartición de la riqueza mundial. Como en la Organización Mundial de Comercio (OMC), con subsidios a la agricultura de los ricos, que arruinan la agricultura de los pobres. Otra vez los pobres deben salvar el planeta y redimir a los pecadores ricos. Lo peor, es que la histeria creada en torno al CO2 , un gas benéfico, desvía hacia un fantasma futuro, la atención que requiere la presente y muy real contaminación ambiental.

La verdadera contaminación ambiental

El planeta está contaminado y continúa contaminándose. Una culpa es la ignorancia, pero la causa mayor es la codicia, la prédica del lucro como fin supremo. El estimular al consumo para ganar más y ahorrar gastos dejando impregnar el aire, la tierra o el mar de desechos tóxicos. Minería a cielo abierto. Lagos, ríos y playas negras de petróleo. Sobre-pesca. Bosques talados para soya y palma aceitera. Plásticos y desechos tóxicos en el mar. Basura indiscriminada. Desechos tóxicos vaciados en acuíferos. Munición radioactiva de la OTAN causando bebes deformes. Bombas racimo israelíes que matan niños libaneses. La lista es muy larga y no se convoca ninguna cumbre mundial para remediarlo.

Casi todo lo ensuciado se puede limpiar y recuperar, con un esfuerzo. Europa ya recuperó muchos lagos, ríos y bosques. El alto nivel de educación y una conciencia pública ambiental obligó a sus políticos a actuar y sin dejar de ser una gran potencia industrial. El país más contaminador con restos tóxicos son los Estados Unidos (que además produce el 30% del CO2 mundial), pero eso casi no se dice. El Pentágono contamina el mundo entero con su guerra sin fin y desde unas 800 bases, pero esas emisiones no cuentan. Estados Unidos pide en todas las negociaciones –Kyoto o Copenhagen – que la contaminación del Pentágono quede excluida[2], que no se mida; por razones de seguridad, naturalmente.

La diabolización del CO2

Otra vez la pureza del cielo la asedia un demonio. Otra vez el diablo es un ángel caído: el CO2, el gas con que la fotosíntesis produce oxigeno. Las plantas decaen si el CO2 baja a 220 ppm[3] y mueren con 160 ppm. El nivel óptimo es cerca de 1000 ppm.

El aire es una mezcla de gases, 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases, entre ellos el CO2[4]. Esa ínfima parte de CO2 oscila con los océanos: el agua fría absorbe CO2 y el agua caliente lo libera. Los océanos almacenan un 25% del CO2 para plantas y seres marinos. El CO2 es parte de la respiración humana. Cuidado, que de pronto nos cobran por respirar.

Hay una campaña para culpar al CO2 por un aumento de la temperatura terrestre. El trompetista más notorio de la acusación es Al Gore, que no es un científico, sino un político norteamericano. Su documental “Una verdad inconveniente” manipula desde el título mismo. Su error más neto es decir que los mares se calientan por las emisiones de CO2, cuando es a la inversa; el mar primero se calienta y luego emite más CO2. Es un hecho básico conocido y explica la coincidencia de las curvas ascendientes de temperatura y CO2. Temo que es otro caso de etiquetar con lo contrario para vender fechorías: una mentira conveniente.

Sabemos, desde bachillerato, que la temperatura terrestre fluctúa con las radiaciones solares. La vida existe porque hay “Efecto Invernadero” y el gas que más lo causa es el vapor de agua, las nubes. La tesis del “Calentamiento Global Generado por el Hombre”[5] parece explotar con fines políticos la simpatía de quienes queremos defender el ambiente de la contaminación. Se está fabricando un pretexto para imponer una autoridad mundial que administre el uso de la energía fósil, cree nuevos impuestos, cree otro mercado de valores falsos y desarrolle un mercado para bienes ambientales con tecnología de las empresas apátridas. Mientras tanto, se desvía la atención de la contaminación verdadera.

Contradicciones desde el origen

En 1988, se creó en la ONU un “Panel Intergubernamental de Cambio Climático-IPCC[6] que contrató un grupo de expertos. En 1995 los expertos presentaron un borrador que decía:

“1. Ningún estudio ha mostrado evidencia de cambio climático debido a gases de invernadero;

2. Ningún estudio atribuye algún cambio climático atribuible a las actividades humanas.”

En el Sumario para legisladores del reporte final del IPCC se cambiaron esas dos claras negaciones por una afirmación que dice: “La balanza de la evidencia sugiere una influencia humana discernible en el clima global.” Hubo un gran escándalo[7]. Los expertos contratados por el IPCC se indignaron, muchos renunciaron y exigieron al IPCC que se borrase sus nombres del Reporte Final.

Millares de científicos firman su desacuerdo con el informe del IPCC. Alguno puede que sea pagado por las petroleras, como dicen, pero tienen buenos argumentos. Todos dicen que desde siempre han habido cambios globales de temperatura. Épocas de hielo hasta los Alpes y otras calientes (900 -1200) en que la helada Groenlandia era verde y una flota china surcó el Ártico. Otro argumento válido es que los astrónomos reportan un aumento de temperatura general en todos los planetas, por una mayor actividad energética del Sol[8]. No parece culpa humana.

El mercado del Carbono

Es la idea favorita de grandes empresas, bancos, políticos y algunas ONGs. Una autoridad mundial administraría un mercado de derechos a emitir CO2. El volumen de emisiones legal sería el de los niveles históricos, o sea, que no se disminuye, se congela. Quienes sobrepasen el nivel de emisiones legal pueden comprar bonos a quienes  emiten menos de lo permitido. Europa tiene algo así con el nombre de Sistema de Comercio de Derechos de Emisión (EU ETS). El Presidente Sarkosy ya anunció de impuestos indirectos (consumidor) al carbono.

Congelar las emisiones históricas es la esencia de la propuesta. El desarrollo necesita energía y esa proviene- hoy – de combustibles fósiles que generan CO2 y también gases tóxicos. El mercado de carbono es un medio para frenar a los países en desarrollo y crear otra bolsa para  jugar con las emisiones de dólares sin fondos que contaminan la economía internacional.

Pandemonio en Copenhague

El objetivo oculto de la cumbre en Copenhagen era poner precio al CO2. Se presentó un papel  ya “negociado” con los países en desarrollo “cooperativos” de  siempre. El acceso a las reuniones se jerarquizó. Se admitió sólo a  países representados por presidentes y se excluyó a los representados por Cancilleres. Una clara violación del derecho internacional. Aún así, se excluyó a Hugo Chávez y Evo Morales, presentes en Copenhagen, por no ser “cooperativos”.

Luego ocurrió algo para los anales de la mala práctica diplomática. El Primer Ministro de Dinamarca, Anders Rasmussen, con el papel en la mano, ordenó a los países estudiarlo en una hora, aprobarlo y cerrar la sesión. Se levantó para irse, pero la Secretaría lo invitó a escuchar a las delegaciones que pidieron la palabra. Dejó hablar, pero sólo a los de siempre.

La delegada de Venezuela, Claudia Salerno, golpeó inútilmente con su pancarta, pidiendo la palabra. Al final, con su mano sangrante increpó a Rasmussen: “¿Es que debo tener sangre en las manos para poder hablar? ¡Esto es una vergüenza!”. Al fin se le dio la palabra. Le siguieron Cuba, Bolivia y las otras delegaciones del ALBA, todas rechazando el papel.

El Sr. Rasmussen escuchó, sin tomar notas como hace todo presidente de una reunión. Luego vino la segunda “gaffe”, sin más,  preguntó cuantos estaban en contra, para pasar a votación. De nuevo Venezuela lo puso en su lugar y le recordó que las decisiones en la ONU se toman por consenso. El Sr. Rasmussen pidió una pausa, de la que ya no regresó. La reunión terminó presidida por un Vicepresidente, de Bahamas, quien hizo lo adecuado: tomar nota del papel.

Conclusión

Combatir la polución es urgente. Señalar el CO2 con el espantajo del “Cambio Climático” parece una fabulación dirigida a controlar el CO2, que es controlar energía. Se quiere crear un derecho adquirido al consumo de energía y el derecho de negarlo a otros. La OMC es ejemplo del juego con niveles históricos: quienes daban subsidios agrícolas antes los pueden seguir dando y se prohíbe darlos a quienes producían sin usar subsidios.

No estamos locos y no esperamos un resultado distinto. Errare humanum est, perseverarem diavolicum.

Umberto Mazzei

- Umberto Mazzei es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Florencia. Ha sido profesor en temas económicos internacionales en universidades de Colombia, Venezuela y Guatemala. Es Director del Instituto de Relaciones Económicas Internacionales en Ginebra.

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[1] Tomás de Aquino, Summa Theologica,1947, en sacred-texts.com

[2] Bryan Farrell:  ”The Green Zone: The Environmental Costs of Militarism”, 2009

Jeffrey Salmon: “National security and military policy issues involved in the Kyoto treaty,” George Marshal Institute, May 18, 1998: “complete military exemption from greenhouse gas emissions limits.”

[3] Ppm : partes por millón. Es el número de moléculas de dióxido de carbono (CO2) dividido por el número de todas las otras moléculas presentes en una cantidad de aire.

[4] El porcentaje de CO2 en el aire varia entre 0,036% y 0,039%.

[5] Antropogenic Global Warming-AGW

[6] Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC)

[7] Zbignew Jaworosky: CO2 : The greatest scandal of our time, Science, March 16, 2007.

Tom Segalstad: The distribution of CO2 between Atmosphere, Hydrosphere, and Lithosphere; Minimal Influence from Anthropogenic CO2 on the Global “Greenhouse Effect,” 1995, Global Warming Debate, European Science & Environmental Forum, 1996.

[8] Pier Corbyn et al.:www.weatheraction.com: “The most significant and persistent cycle of variation in the world’s temperature follows the 22-year magnetic cycle of the sun’s activity… IPCC uses the 11 warmer ones.”

http://alainet.org/active/35465

Está llegando a su fin la “era del petróleo” y muy pronto habrá que modificar la matriz energética de todo el planeta hacia otras fuentes de energía. Existe una gran gama de alternativas, cada una con mayor o menor utilidad según el uso que se le quiera dar y las características de la región en la que se va a utilizar.

En ese contexto, las grandes compañías de agronegocios se han encontrado con una posibilidad inmejorable para expandir el horizonte de sus ganancias. Los agrocombustibles. Una alternativa inmediatamente rentable, que ni siquiera requiere incurrir en los grandes gastos de exploración y explotación de la industria petrolera.

Los agrocombustibles son producidos bajo la forma de monocultivos, acaparando inmensas extensiones de territorio, destruyendo los ecosistemas y contaminando suelo y agua.

América Latina y el Caribe es la región con mayor concentración de bosques en el mundo, pero es también la región que ha sufrido la más importante deforestación del planeta en la última década, con una pérdida de 4,3 millones de hectáreas al año.

Sólo en Sudamérica se concentra el 65% de la pérdida anual de bosques del planeta, y la deforestación ocurre sobre todo en la región amazónica, donde se pierden 3,1 millones de hectáreas al año, es decir más del 40% de la deforestación del mundo.

La mayor parte de esos bosques han sido desmontados para reemplazarlos por monocultivos.

Hoy en día Latinoamérica está siendo alfombrada, la tierra destinada a los monocultivos cubre ya mas de 45 millones de hectáreas y crece a un ritmo de mas de 800 por día. Debajo de esa alfombra quedan sepultados bosques, montes, mariposas, pájaros, insectos, campesinos, pequeños agricultores, familias, culturas completas.

Para tomar dimensiones del asunto, 100 hectáreas equivalen a 1 km2. En Latinoamérica hay plantadas 45 millones de hectáreas de soya, lo que equivale a 450.000 km2. La superficie de España entera es de 500.000 km2. Es decir que sólo en Latinoamérica hay casi una España entera, cubierta por solo uno de los varios monocultivos existentes, la soja.

Además de la destrucción de los ecosistemas, la enorme contaminación generada por los fertilizantes químicos y plaguicidas y la exclusión social que ha causado ya a millones de familias de campesinos. Los agrocombustibles no aportan mas energías que las que se utilizan para producirlos.

De los estudios que podríamos considerar como mas confiables sobre este tema, se desprende que el balance de energía de todos los cultivos con los que se producen agrocombustibles es negativo, es decir, que se gasta una mayor cantidad de energía fósil para producir el equivalente energético en agrocombustible.

Así, por cada unidad de energía gastada en energía fósil, el retorno es de 0,778 de energía de metanol de maíz; 0,688 unidades en etanol de switchgrass; 0,636 unidades de etanol de madera y, en el peor de los casos, 0,534 unidades de biodiesel de soya.

También hay estudios que dicen que esto no es así, pero en general han sido realizados, encargados o subvencionados por las mismas compañías que directa o indirectamente se benefician con la producción, comercialización y uso de los agrocombustibles.

Los agrocombustibles no son una solución contra el cambio climático, ni contra la hambruna mundial, sino todo lo contrario, son una gran trampa de las multinacionales del agronegocio, en la que no debemos caer.

El 10 de septiembre, se celebra en todo el mundo el Día internacional de las luchas campesinas, rememorando el 10 de septiembre del 2003 y la movilización contra la OMC en Cancún. Las políticas neoliberales de la OMC favorecen a las multinacionales. Las mismas que controlan el conjunto de la cadena alimentaria, de la producción hasta la comercialización, haciendo cada vez mas difícil la supervivencia de los campesinos. Las que hacen disparar los precios en detrimento de los consumidores mas pobres. Las que se benefician con los agrocombustibles.

Contra la OMC, contra las multinacionales, unámonos a las movilizaciones que en todo el mundo se organizan .

Todas y todos juntos, globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza!

La defensa de los bosques pluviales del Shanusi-Caynarachi, actualmente bajo la vorágine destructiva del Grupo Romero, tuvo este jueves una nueva jornada impulsada por el pueblo de Barranquita y un pequeño sector de la población regional, principalmente rural. Nuevamente, los que no tienen voz, la levantaron, y muy a tono para defender el patrimonio común de la humanidad.

Curiosos tiempos son éstos. Esta vez no se trató de gente ávida de medios para sobrevivir contra los esfuerzos impotentes de tecnócratas ambientalistas, quienes intentaron cambiar la idiosincrasia de un pueblo que suele cortar la base del árbol que lo soporta. Me viene a la mente la imagen del ingeniero Washington López dando cátedra de conservación en Urahuasha (para sus escasas 2 centenas de hectáreas), y luego lo imagino depositando, en una muestra de eficiencia y simplificación administrativa, la rúbrica que facilitaba el camino para la destrucción de miles de hectáreas de bosques primarios en Shanusi-Caynarachi. Posteriormente, todo esto se sucedió en una cadena de eventos que podrían tipificarse como estulticia ante una funcionalidad poco clara y carente de virtudes éticas de fuerza.

Más que el hartazgo de un pueblo ante el abuso, la desesperación y la tiranía que ejercen sus propias limitaciones, el mensaje de Barranquita y de los pueblos originarios es claro allende los tecnicismos y legalismos: exige coherencia emocional de sus autoridades más allá del discurso funcional. La pasión es una parte fundamental de la actitud ética, y es precisamente su carencia, la falta de decencia y coraje enmascaradas en una serie de tinterilladas para justificar la enajenación de la dignidad profesional o el mutismo en la gran mayoría de nuestros casos locales. El casi universo de nuestras “figuras” públicas se escuda en el ámbito de su función para no opinar; piensan que los términos de referencia y el marco normativo de su función los redime de su condición humana, de expresar una opinión ante la injusticia. Las instituciones deben su prestigio a la calidad de los recursos humanos que las integran, pero las luchas están desiertas de “instituciones de prestigio”; pareciera que los empleados de las mismas se han contagiado del glamour gerencial y de la incompetencia funcional para opinar en tono alto.

Si bien esto puede hacerse extensivo a la actitud de cualquier ciudadano, es en especial, para quienes la sociedad invirtió más que el promedio: ¿Por qué el silencio de cientos de egresados de institutos superiores, amén de sus cargos públicos, su simple condición de asalariados o inclusive de desempleados? ¿Hemos perdido la capacidad de indignarnos y hemos decidido enterrar el pico en la inmundicia que ninguna aula nos hubiese querido reservar?

En medio de la desazón, nos olvidamos de nosotros. Son éstos, tiempos históricos que nos golpean con inusitada esperanza, y aunque en el imaginario multimedia hemos perdimos la cuenta de aquello, las jornadas de lucha del presente serán tan memorables como el silencio de quienes hoy pueden dar un ejemplo oportuno de rectificación.

Ejerzamos nuestro derecho a opinar: defendamos la Amazonia.

El viernes 25 de diciembre Jesús Manacés Valverde y María del Carmen Gómez Calleja, Presidente y miembro, respectivamente, de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua entregaron una carta dirigida al Ministro de Agricultura en la que exponen sus razones para no suscribir el informe firmado por los demás miembros de la comisión. Lea el íntegro de la carta a continuación:

Carta el Ministro de Agricultura

Lima, 25 de Diciembre del 2009

Señor
Adolfo de Córdova Vélez
Ministro de Agricultura
Presente.-

Jesús Manacés Valverde y Carmen Gómez Calleja, en calidad de Presidente e integrante, respectivamente, de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua (en adelante CEI), creada por la Resolución Ministerial Nº 0664-2009-AG, nos dirigimos a usted para expresarle lo siguiente:

En primer lugar, poner de su conocimiento que el acceso al Informe Final de la CEI le fue impedido, sin motivo y arbitrariamente a la suscrita, Carmen Gómez Calleja, pese a ser miembro pleno de la Comisión y el cual -tal como se me comunicó oportunamente- había sido dejado desde el día 22 de diciembre el año en curso en el Ministerio de Agricultura para que, como los demás miembros de la CEI pudiéramos leerlo y decidir si lo suscribíamos o no. Fue sólo gracias a la gestión del Presidente de la Comisión que he podido enterarme de su contenido y, con conocimiento de causa, expresar de forma compartida las razones por las que no podemos suscribir dicho Informe Final.

2. En segundo lugar, era de esperarse que luego de las unánimes críticas que desató una primera versión del Informe, que fue de conocimiento público, se crearan las condiciones requeridas para que se concluyese en un documento final acorde con la rigurosidad, apego a la verdad y relación con las pruebas recopiladas por nuestra Comisión durante sus tres meses de trabajo; cosa que lamentablemente no ocurrió.

3. Si bien el Informe Final, presentado ya en el Ministerio de Agricultura, es formalmente diferente al anterior, sin embargo, a nuestro juicio, en su contenido sigue el mismo espíritu y la misma línea de argumentación y, por ende, comparte las mismas deficiencias.

4. En primer lugar, porque al igual que el anterior texto, la gran mayoría de sus afirmaciones carece de una sustentación rigurosa, por más esfuerzos que esta vez se haya hecho para aparentar que se están tomando en cuenta los testimonios o entrevistas recogidas durante el trabajo de la CEI. Lo cierto es que en casi todos los párrafos se afirma o se remite a un solo testimonio u opinión de parte, sin reflejar la pluralidad de opiniones recogidas en torno a estos hechos o una apreciación propia al respecto. Hay una buena parte de hechos que se presentan y asumen como ciertos, teniendo escaso o ningún correlato con lo recogido por la Comisión.

5. Es evidente que del material recogido por la CEI (documentos, entrevistas, testimonios, visitas de campo, etc.) no se puede concluir como idea central que la causa de la protesta de los pueblos indígenas de la Amazonía, haya sido que éstos no “comprendieron bien” el contenido de los decretos legislativos cuestionados, debido a que hubo dirigentes gremiales, miembros de partidos políticos, sectores de la Iglesia Católica, integrantes de ONG, etc., que distorsionaron sus contenidos, manipulando y engañando de esta manera a los Pueblos Indígenas.

Durante el tiempo de trabajo de la comisión se fueron esbozando muchas causas, las cuales no aparecen recogidas; los comisionados tenían distintos puntos de vista y no se llegó a consensos, en parte por falta de tiempo suficiente para la reflexión conjunta; de ahí nuestra insistencia en la ampliación del plazo. Sin embargo, nos sorprende que se haya incorporado como principal causa de todo lo sucedido la falta de comunicación o explicación de los decretos legislativos, cuando es de conocimiento de todos, que las causas son más complejas y algunas vienen de tiempos anteriores. Esto puede ser opinión de algunos miembros de la comisión, pero la afirmación de que sea la causa principal no se sustenta, por ejemplo, en los testimonios recogidos en los grupos de indígenas u organizaciones representativas.

Por este error inicial, gran parte de las recomendaciones del Informe Final se refieren a una mejor comunicación o explicación de los decretos legislativos, sin tener en cuenta que, para un gran número de entrevistados dichos decretos deben ser derogados, tanto por la forma en que se dieron como por sus contenidos.

6. Es importante señalar que no se da el mismo carácter de verdad a los testimonios recogidos de las autoridades que a los testimonios recogidos de los indígenas; en muchos casos estos últimos han sido sacados de su contexto, impidiendo apreciar el verdadero sentido de lo que se quería decir y volviéndolos contra ellos mismos.

7. En la cronología efectuada se han incluido muchos hechos que no tienen una justificación adecuada, mientras que, a la vez, se omiten otros que, por el contrario, son sumamente relevantes. En varios momentos de la cronología, además, el Informe Final no se limita a mencionar el hecho, sino que lo comenta o valora, lo que desnaturaliza el recuento de hechos y le infiere un componente de subjetividad valorativa impropio de una investigación objetiva e imparcial (1).

8. Si bien de los testimonios que se logró recoger, y que no han sido valorados adecuadamente por falta de tiempo, se vislumbran responsabilidades en los militares y policías, no se ha logrado aún determinar cómo fue el operativo, qué coordinaciones se tuvo entre ambas instituciones o con otras instituciones del Estado y cual fue el rol del ejecutivo en estos hechos.

9. En suma, la gran mayoría de las recomendaciones son discutibles y encierran una crítica severa, otra vez, contra organizaciones sociales, sectores de la Iglesia, partidos políticos, dirigentes, ONG, como si la actuación de los grupos indígenas siempre fuera producto de engaños o manipulaciones.

10. Como es de dominio público, el 5 de junio de 2009 aconteció en Bagua, Amazonas, Perú, una situación de conmoción y confrontación social acumulada, que tuvo como protagonistas al Estado y a los pueblos indígenas amazónicos y dejó un lamentable saldo de 33 víctimas mortales, un policía desaparecido y más de 200 heridos, de los cuales 82 fueron de impacto de bala.

Tres meses más tarde, el 7 de septiembre de 2009, se creó la Comisión Especial para Investigar y Analizar los sucesos de Bagua (CEI) a través de la Resolución Ministerial Nº 0664-2009-AG asignándole como objeto “determinar las causas y consecuencias de orden socio-cultural, económicas, políticas y religiosas que dieron lugar a los sucesos del 5 de junio del 2009 en la provincia de Bagua, con fines de reconciliación”.

Conforme a su norma de creación, la CEI debió estar presidida por los principios de verdad, justicia, equidad, independencia, imparcialidad, objetividad y exhaustividad (2); y su finalidad esencial es contribuir a que “hechos similares nunca más vuelvan a suceder” (3).

No obstante, los hechos sucedidos el 05 de junio de 2009 no han sido hasta hoy debidamente aclarados, ni las responsabilidades correspondientes correctamente definidas. En particular, la responsabilidad de quienes, por la posición que ocupaban u ocupan en el ejercicio del poder, tuvieron una implicación directa y pública en estos hechos; derivándose más bien estas responsabilidades a actores secundarios o, alterando incluso la verdadera naturaleza de los hechos, para sindicar dicha responsabilidad a terceros, lo que impide esclarecer las verdaderas responsabilidades.

11. El análisis de los sucesos de Bagua hecho por los miembros de la Comisión que suscriben el denominado Informe Final, no sólo no ha respetado el principio de objetividad, imparcialidad y exhaustividad al que estaba obligada por mandato legal, sino que, además, no ha respetado aspectos sustanciales del procedimiento formal para el logro de sus objetivos.

12. El gobierno, por su parte, no colaboró efectivamente con el desarrollo del objetivo de la Comisión, pues no se le otorgó el financiamiento y medios necesarios para que lleve a cabo con eficiencia su labor.

13. En efecto, la CEI se instaló el 7 de septiembre de 2009, pero nunca se aprobó el Presupuesto, ni asignaron, y menos se proveyeron las recursos y el tiempo necesarios para que pudiera cumplir con su objeto (4). Recursos aprobados con este fin por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) nunca se hicieron efectivos. El Ministerio de Agricultura solventó dos viajes de la CEI; este fue el único apoyo en lo que se refiere a presupuesto.

14. Otros órganos del Estado obstaculizaron igualmente la actuación de la CEI, como fue el caso de funcionarios del Ministerio Público, quienes negaron al Presidente de la Comisión, señor Jesús Manacés, los documentos de la investigación fiscal. Lo mismo ocurrió con el Informe de Control Interno del Ministerio del Interior, que le fue negado al Presidente de la CEI pese a solicitarlo en varias oportunidades. Ambas entidades se excusaron argumentando para ello que las investigaciones estaban en proceso.

15. A pesar de tener por objeto la búsqueda de la verdad, la CEI no pudo interrogar, en ningún momento, a diversos personajes que, sin embargo, son protagonistas esenciales del relato que ella misma construyó alrededor de los sucesos del 05 de junio de 2009 en Bagua, así como de los hechos anteriores y posteriores al mismo.

16. No se pudo lograr la entrevista con el señor Presidente de la República, Dr. Alan García Pérez, que hubiera sido muy importante para aclarar algunos aspectos que se dieron previo, durante y después del proceso, que contribuirían a la reconciliación nacional, de acuerdo a la finalidad de esta comisión.

17. La CEI tampoco interrogó a los promotores directos de los decretos legislativos que, como la misma CEI reconoce, afectaban los derechos indígenas (5), carecían de legitimidad porque no fueron consultados con los pueblos indígenas, tal como instruía el Convenio 169 de la OIT y fueron “el desencadenante que generó el paro y las movilizaciones amazónicas a nivel nacional”. En el caso particular de la Ministra Mercedes Flores Aráoz, pese a que se la citó, no se pudieron conocer las razones que la llevaron a sostener, con insistencia y una buena dosis de alarmismo, que si se derogaban los decretos legislativos cuestionados se ponía en riesgo el Tratado de Libre Comercio celebrado (TLC) con los EE.UU. y el Perú podía ser objeto de sanciones internacionales (6). Afirmación que luego el señor Yehude Simon, ex Presidente del Consejo de Ministros durante los sucesos de Bagua, se encargó de desmentir tajantemente (7). Este último, tampoco fue entrevistado por la Comisión pese a la eminente y crítica posición que ocupó en el momento en que ocurrían los hechos objeto de investigación por la CEI.

18. En el Informe Final, los miembros de la CEI que lo suscriben, hacen graves imputaciones a organizaciones sociales, dirigentes, ONG (8), medios de comunicación (9) y miembros de la Iglesia Católica (10), a los que sin embargo, ni individualizaron, ni citaron para tomar su declaración y poder confirmar o desvirtuar los cargos que les atribuía. Lo cual invalida estas afirmaciones, pues no fueron llamados a rendir sus declaraciones; por ello consideramos que este informe es incompleto y tendiente a graves errores y no contribuye a la reconciliación nacional.

19. Asimismo, aunque el Informe Final atribuye directa responsabilidad a varios parlamentarios del Partido Nacionalista (PNP) (11), a quienes sindica como promotores de la movilización indígena y la comisión de actos violentos urbanos (sic), en su gran mayoría tampoco fueron citados ni escuchados. De igual forma, no fueron citados ni escuchados los representantes de las rondas campesinas, dirigentes magisteriales o integrantes de determinados Frentes de Defensa locales (12) a quienes el Informe Final atribuye la comisión de actos violentos, como también ocurrió respecto de representantes y dirigentes indígenas (13).

20. El Informe Final tampoco incluyó la versión u opinión de ninguno de los deudos de las víctimas civiles, fueran estas mestizas o indígenas y de ninguno de los 16 trabajadores que estuvieron en la Estación de Bombeo Nº 6. Ningún miembro de la DINOES declaró de forma reservada ante la CEI.

21. A pesar de haber entrevistado al Presidente del Congreso durante los sucesos del 5 de junio de 2009 en Bagua, señor Javier Velásquez Quesquén, y teniendo claro que la palabra empeñada del Congreso para revisar los decretos fue frustrada, el Informe Final no ofrece ninguna explicación de por qué, pese a que desde el mes de diciembre de 2008 una Comisión Multipartidaria, coincidiendo con la Defensoría del Pueblo, había recomendado la derogatoria de los decretos legislativos dictados por el Poder Ejecutivo por inconstitucionales, dicha decisión se postergó una y otra vez, siendo algunos derogados cuando ya la violencia se había desatado con el conocido saldo lamentable de víctimas mortales que produjo.

22. El Informe Final no toma en cuenta el marco internacional de respeto a los derechos humanos de todas las personas y en especial de los pueblos indígenas y en estado de emergencia.

23. Aunque el Informe Final destaca la promulgación por el Poder Ejecutivo y el Congreso de una vasta cantidad de normas, con implicaciones directas e indirectas vinculadas al ejercicio de derechos indígenas (14), no pone de relieve que ninguna de estas fue consultada con las organizaciones indígenas, violando con ello su derecho a la consulta previa, libre e informada respecto de las decisiones de la administración que les afectan.

24. Los miembros firmantes del Informe Final pasan por alto que la dolorosa pérdida de vidas humanas con que se saldó el conflicto de Bagua en junio pasado, obligaba a una profunda reflexión encaminada a reconciliar al Estado peruano con los pueblos indígenas amazónicos del Perú; y, por este motivo, procurar por todos los medios, evitar las circunstancias que podrían dificultar un diálogo genuinamente respetuoso y de buena fe entre ambas partes, disipando con ello la posibilidad de que ocurran nuevos conflictos.

En este mismo sentido se ha pronunciado unánimemente la comunidad internacional, como se desprende de los pronunciamientos del relator especial de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas (señor James Anaya) (15), la Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Comité de la ONU contra todas las formas de Discriminación Racial (CERD) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), quienes persistentemente han hecho llamados a la prudencia, a un diálogo respetuoso y al cese de la represión contra los dirigentes y representantes indígenas.

25. La CEI no contó con las condiciones adecuadas para el logro de los objetivos que tenía planteados. El Informe Final apenas hace referencia a las recomendaciones de las agencias internacionales encargadas de supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales de los que el Perú es parte.

26. Temas de investigación y protagonistas esenciales en los hechos materia de investigación no fueron abordados; el valioso material informativo recopilado por la Comisión no fue analizado conjuntamente por sus miembros de forma debida. El tiempo tan corto fue uno de los elementos en contra.

27. En el Informe Final se da un peso excesivo a los testimonios ligados a la versión oficial de los hechos, y se ha cuidado de manera notoria el propósito de no responsabilizar a los autores de las decisiones más relevantes que generaron los sucesos del 5 de junio en Bagua.

28. A pesar de que superficialmente se habla en el Informe Final de la exclusión y marginación histórica y estructural de los Pueblos Indígenas, no profundiza en las verdaderas raíces del conflicto, por lo que no contribuye en concreto a generar las condiciones que permitan superar estas brechas. Especialmente, no analiza en profundidad el deterioro de la seguridad jurídica de los territorios indígenas a partir del gobierno del Ing. Alberto Fujimori. Un deterioro profundizado por los decretos legislativos emitidos con base a la delegación de facultades legislativas llevada a cabo por el Congreso para implementar el TLC y cuestionados por los pueblos indígenas amazónicos.

29. El Informe Final omite destacar, asimismo, el traumático estado actual de todos los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, ante la inconsulta y progresiva ocupación de sus territorios y el deterioro sustantivo de sus recursos vitales, así como los gravísimos impactos a su salud, a su derecho a la alimentación y la sostenibilidad de sus bosques, aguas, flora y fauna, por parte de las empresas extractivas -petroleras, mineras y madereras- beneficiadas con las concesiones otorgadas por el Estado. Esta omisión elude tratar la causa estructural que, según los pueblos indígenas amazónicos, explica el actual conflicto con el Estado peruano.

30. Pese a que se reconoce que no existen mecanismos para garantizar la participación de los pueblos indígenas, el Informe Final no profundiza en el significado que esta ausencia tiene respecto del control de estos pueblos sobre su propio desarrollo.

31. En el recuento de los hechos de violencia cometidos durante los sucesos de Bagua, el Informe Final se basa en testimonios parciales que caracterizan como una actuación defensiva una acción policial desmesurada e injustificada, como lo demuestra el propio Informe Final al existir -como este reconoce- acuerdos para un desalojo pacífico de las carreteras e instalaciones tomadas en distintos puntos de la Amazonía.

32. En este mismo sentido, no se explican las razones que tuvieron los mandos policiales y militares para actuar como actuaron o, en su caso, para determinar quién les ordenó que actuaran de esta forma.

33. La formulación del Informe Final no tuvo suficientemente en cuenta la característica que tiene el proceso colectivo y no individualizado de toma de decisiones de los pueblos indígenas, donde los dirigentes deben asumir la función para la que han sido designados y no tratar los asuntos de sus pueblos como una cuestión personal o particular.

34. El Informe Final no manifiesta un principio y derecho básico referido al valor de la vida y que todo acto de violencia, venga de donde venga, va en contra de toda legalidad. No se explicita el repudio de las formas como se enfrentaron hermanos peruanos. No se debe olvidar que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. No se expresan las condolencias a todo familiar y toda persona que ha sido gravemente afectado por este conflicto. Falta el aspecto de sensibilidad humana en el Informe Final.

35. Junto con la búsqueda de la verdad, la CEI tiene como objetivo proponer condiciones para que tales hechos no se repitan. A pesar de ello ésta no ha hecho notar el clima de permanente de hostilización del Estado contra las organizaciones indígenas, lo que evidentemente no favorece en absoluto el restablecimiento de la paz y reconciliación buscadas.

36. El Informe Final carece de una dimensión inherente a la reconciliación, que es la de generar medidas para reparar los daños infringidos a todas las partes involucradas en el conflicto; y en especial, proponer medidas que reviertan, aunque fuere en parte, el dolor sufrido por las familias y comunidades que han sufrido la pérdida de sus seres queridos como consecuencia del conflicto. Proponemos que a la brevedad posible se cumpla con satisfacer las demandas que los afectados directamente por los sucesos del 5 de Junio, tanto civiles como policías o deudos, teniendo en cuenta los aspectos de salud, situación económica, situación legal e indemnizaciones.

37. Debe garantizarse la seguridad de los valiosos materiales obtenidos por la Comisión, su sistematización adecuada y la identificación de los vacíos de información pendientes, tomando este acervo como material de base para que, con los recursos y el tiempo requeridos, se pueda realizar el trabajo de investigación que la CEI no pudo concluir.

38. Se deben buscar los mecanismos que garanticen una participación efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que afecten su propio desarrollo, implementando de manera sistemática y efectiva el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo la revisión de la legislación y las instituciones concernidas para adecuarlas al carácter plurinacional de nuestro país.

39. Lamentamos que todo el esfuerzo desplegado no haya llegado a buen fin, básicamente porque no se ha contado con el tiempo ni los mecanismos, ni las facilidades para hacer el trabajo que el Informe Final requería.

40. Debe asumirse como una tarea pendiente esclarecer lo que verdaderamente ocurrió el 5 de junio, a fin de determinar causas, consecuencias y recomendaciones, aprovechando el material ya recopilado y completando éste.

41. Es muy importante que en cualquier investigación se cuente con la participación de los organismos internacionales; tal como lo sugirió el relator de las NNUU en su informe.

42. Los suscritos manifestamos que el presente documento tiene como objetivo explicar las razones por las que no podemos suscribir el Informe Final de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua. Hacemos también observaciones en cuanto a puntos afirmados, por su falta de sustentación, su disconformidad con la investigación realizada por la CEI y por contradecir ideas y afirmaciones que existen al respecto.

43. Los que suscribimos esta carta nos comprometemos a presentar en un tiempo prudencial un informe alternativo, basado fundamentalmente en el material acumulado por la comisión, así como en otros documentos públicos existentes y en otros insumos que sirvan para completar las fuentes con las que ya se cuenta.

Jesús Manacés Valverde, Presidente de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua

María del Carmen Gómez Calleja, miembro de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua

Notas:

(1) Por ejemplo, es muy poco lo que se dice de los cincuenta y cinco días que duraron los hechos de la Estación de Bombeo Nº 6, mientras que en la cronología se menciona y valora la publicación de determinados libros cuya relevancia para el análisis de los sucesos del 5 de junio en Bagua no se alcanza a comprender. Se hace mención, también, a las protestas o episodios de violencia ocurridos en toda la Amazonía, pero no se mencionan los ataques verbales que durante más de un año se hicieron contra los pueblos Amazónicos por parte de las autoridades y determinados medios de comunicación. No se hace ninguna referencia, en cambio, a las decisiones o debates que hubo sobre el conflicto Amazónico a nivel del Consejo de Ministros.

(2) Informe Final, página 3, primer párrafo.

(3) Informe Final, página 4, último párrafo.

(4) De hecho, estando por vencerse el plazo asignado por la Resolución Ministerial Nº 0664-2009-AG para investigar y analizar los sucesos de Bagua (que vencía el 9 de diciembre), el Ministro de Agricultura denegó el pedido de la CEI para que dicho plazo se ampliara en orden a culminar en buena forma los trabajos de la Comisión, y no en la forma apresurada en que venía haciéndose.

(5) Informe página 28 quinto párrafo; página 29, párrafos segundo y tercero. Al referirse al DL 1015 la CE señala que “Al cambiar el concepto de Padrón Comunal por el de Asamblea [el decreto] facilita la posibilidad de enajenar las tierras de la comunidad por un pequeño grupo que de quórum a la reunión y el voto”. Al referirse al DL 1073, señala que “modifica el régimen de disposición de tierras de las comunidades sin haberles consultado. De esta manera se ha contravenido el artículo 6 del convenio 169 de la OIT”. Lo mismo ocurre cuando se refiere al DL 1090 o “Ley de la Selva”, señalando que en “la citada norma las concesiones son otorgadas a los empresarios por plazos renovables de cuarenta años, sin embargo, en ninguna parte se señalan que estas estén circunscritas a determinadas zonas de manejo de superficie forestal. No se considera la consulta a los pueblos indígenas que viven en la zona concesionada. En el artículo 10 correspondiente a permisos y autorizaciones no se señala la consulta que debe realizarse a los pueblos indígenas. La norma no contempla la superposición de concesiones y los problemas de demarcación de territorios de las comunidades indígenas”.

(6) Entre otros medios, en la entrevista concedida a la revista Idéele, la señora Aráoz dijo: “La derogatoria del DL 1090 y su modificatoria, la ley 29317, nos lleva a un incumplimiento de nuestros compromisos internacionales que, gracias al diálogo que establecieron las autoridades peruanas con sus contrapartes, nos permite evitar potenciales sanciones, por el momento”. Ver en http://www.revistaideele.com/node/502?page=0%2C1

(7) En una entrevista a la periodista Paola Ugaz en Terra Magazine, el ex presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, aseguró que Mercedes Aráoz tuvo responsabilidad política por el Baguazo, durante su paso por la cartera de Comercio Exterior y Turismo. Simon mencionó que Aráoz no dio información exacta al Ejecutivo sobre si los decretos legislativos afectaban o no a la Amazonía. Ver en http://www.actualidadambiental.pe/?p=1818.

(8) A quienes critica que sólo promueven los derechos de la población en los lugares más alejados sin subrayar sus deberes y responsabilidades, además de no promover un diálogo intercultural con el Estado (Informe Final, página 82, párrafo doce).

(9) A quienes acusa de irresponsabilidad en el manejo de la información (Informe Final, páginas 79, párrafo seis, página 82 párrafo seis).

(10) A quienes imputa parcialización con el movimiento indígena “confundiendo su papel evangelizador y de equilibrio entre el Estado y la ciudadanía” (Informe Final, página 82, párrafo once).

(11) El Informe Final hace reiteradas referencias a los congresistas nacionalistas Janet Cajahuanca, Marisol Malpartida, José Maslucan y Rafael Vásquez (Informe páginas 32, segundo párrafo, página 41 sexto párrafo, página 82 cuarto párrafo).

(12) Informe Final, página 82, cuarto párrafo.

(13) En este último aspecto, es notorio, además, el interés de promover la criminalización de éstos, tal como se advierte cuando, por ejemplo, sin citar ni escuchar al implicado, se señala que “El Presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Perú (ODECOFROC) Zebelio Kayap, junto con otros indígenas secuestraron a seis trabajadores de la minera Afrodita en la provincia de Condorcanqui”. “Otros indígenas” y “seis trabajadores” que, a diferencia del Presidente de ODECOFROP, no se identifican en ningún momento en el informe, ni se cita la fuente de las gravísimas aseveraciones que se hacen al respecto. Ver al efecto, Informe, página 31, tercer párrafo.

(14) Por ejemplo, Informe Final, página 24 párrafos segundo, tercero y cuarto; página 25 párrafos cuatro, cinco, seis y siete; página 26 tercer párrafo; página 27 primer párrafo; página 28 tercer y quinto párrafos; o página 29 tercer párrafo.

(15) Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Señor James Anaya, “Observaciones sobre la situación de los Pueblos Indígenas de la Amazonía y los sucesos del 5 de junio y días posteriores en las provincias de Bagua y Utcubamba, Perú”, 20 Julio de 2009, páginas 11-14.

Reza una sentencia, que “en la noche todos los gatos son pardos”. Nada más lejano de la realidad, sin consideramos que en este caso, la noche, tomada como sinónimo de oscuridad, evidencia en realidad, nuestras limitaciones para ver y diferenciar una condición de otra. Algo parecido sucede en los valles del Shanusi y Caynarachi, donde alguien cree firmemente que los bosques son todos verdes a la luz del negocio.

Al margen del rol social, económico y aún de su estatus jurídico, los bosques del Shanusi – Cayanarachi, deben ser protegidos. La biodiversidad que actualmente es aniquilada a vista y paciencia de todos en estos bosques, es única y tomó largos millones de años en establecerse; mucho antes que un Romeropiteco haya siquiera aprendido a utilizar una piedra para despojarle a sus camaradas una lagartija a duras penas cazada. Esta biodiversidad no depende del árbol, depende del todo. Es decir, que si los descendientes de esta reminiscencia de anti-humanos, ahora consuman la destrucción de las miles de hectáreas que el pueblo de Barranquita defiende, acaban con el todo, como una lesión en la niña de sus ojos, igualito.

Ese es el concepto de espacio mínimo vital para la supervivencia; algo que nunca comprenderán los que creen que los bosques se miden por el verdor que ostentan o las especies maderables que contienen, o el carbono que pueden coger; y en base a esta creencia cortan la torta, la dividen y terminan comiéndosela a pellizcos. Estoy seguro de que cualquier persona con un enfoque técnico tradicional, ve la destrucción de un bosque como una situación de cifras, más allá del lugar donde ocurre. Entonces, esto explica la resignación de unos y la complacencia de otros.

Pero lo cierto es que la zona del Bajo Huallaga, de la cual los valles del Caynarachi – Shanusi son una parte fundamental, constituye la única zona de endemismo en San Martín relacionada en un sentido bio-geográfico, con el Centro Amazónico del Ucayali; una zona bio-geográfica que difiere del Centro Andino del Huallaga. Su rol en la génesis de la biodiversidad y su conservación es única e indispensable en el contexto amazónico. Whinnett y otros investigadores que tuvieron la suerte de investigar los procesos de la biodiversidad en esta región -aunque también tuvieron el desatino de no, o tal vez la falta de interés de, hacérnoslo saber-, han postulado que las evidencias de los refugios de biota para la cuenca del Ucayali, se encontrarían en estos límites de San Martín y Loreto. O sea, la clave del proceso de diversificación del Ucayali podría descansar en la biodiversidad de los bosques del Shanusi – Caynarachi. Esta noticia hubiera sido buena para todos, excepto para las palmas, todas aceiteras en estos valles. La novia tiene más dote con los recursos hídricos que alberga, su biodiversidad y la tranquilidad de sus pueblos, que todo el dinero que Dioni pueda acumular en tres versiones más de su miserable vida de despojar a otros.

Aquí sí, la tesis de los gatos pardos parece cumplirse. Podemos afirmar, que la mierda siempre huele mal, aunque existan algunos que no se incomoden, y otros que incluso se regocijen en ella…cuando del Poder se trata. ¡Tomemos conciencia y defendamos los bosques del Shanusi y Caynarachi, al margen de la región en que se encuentren!

La población del distrito de Barranquita, provincia de Lamas, región San Martin, desde el año 2006 vive enormes problemas con las empresas privadas ligadas al grupo Romero, las mismas que amparadas en la ley de promoción dela inversión N. 653 y la ley que declara de interés nacional la palma aceitera, el año 2000, han solicitado al Estado la adjudicación de tierras.

Los territorios que solicitan las mencionadas empresas del grupo Romero como son Agropecuaria de Shanusi, Agrícola del Caynarachi y Palma del Espino corresponden a Bosques de Producción Permanente, según Resolución Ministerial del año 2002, y según la Zonificación Ecológica Económica de la región son bosques de producción forestal y, a los pobladores de la zona les consta porque han ido conservando el bosque primario, aun en sus propias parcelas por la inmensa riqueza de flora, fauna y recursos hídricos, y por la política medioambiental implementada en el distrito y en la región.

A mediados del 2006 el Estado adjudica casi 7000 hectáreas., a 17.50 nuevos soles la hectárea, a la empresa Agroexportadora del Shanusi  hoy “Agropecuaria del Shanusi”, según la carta nacional en la región Loreto, pero según los limites referenciales del Instituto Geofísico Nacional estos territorios están en la región San Martin. Toda esta área prácticamente ha sido deforestada para implementar el monocultivo de la palma aceitera. El 5de agosto del presente año, se da una situación de enfrentamiento entre pobladores del Sector Nueva Italia y los trabajadores de la empresa. La empresa aduce que esos espacios son sus territorios pero no permiten que se verifiquen los puntos del área que tiene su predio. Han arrasado cultivos y viviendas de algunos posesionarios del sector, además de maltratar y detener a algunos, amparándose en la nueva ley de arresto ciudadano. Uno de los campesinos paso a prisión por espacio de un mes y aun esta con orden de comparecencia restringida.

En marzo de 2007, el Estado adjudica a la empresa Agrícola del Caynarachi, 3000 hectáreas, a 150.00 nuevos soles la hectárea. En esos territorios hay algunos posesionarios que han sido ignorados por la inspección ocular del ex PETT, los bosques primarios considerados como Bosques de Producción Permanente, a los que se ha pretendido cambiar de nomenclatura para darle el uso para el cultivo de la palma aceitera. Este proyecto ha sido declarado de interés regional con una simple carta del ex Presidente Regional, no hubo el Estudio de Impacto Ambiental que la norma exigía. No ha respetado la Zonificación Ecológica Económica de la región que desde el 2006 tiene carácter de ley. La población de Barranquita exigió la titulación de los predios y que no proceda el contrato compra venta del área adjudicada según Resolución N. 255.AG.2007. El compromiso lo asumieron el Ministro de Agricultura de entonces, el presidente Regional de San Martin y otros funcionarios nacionales y regionales. A la fecha, la mayoría de agricultores del área en conflicto no reciben sus respectivos títulos, además que, los técnicos de COFOPRI, se negaron a linderar los predios que estaban dentro de las 3000 Has.

Mientras la empresa, se atrevio a construir una trocha carrozable que atraviesa todo el predio denominado Palmas del Oriente, a extraer metal no metálico del cerro Lorocache, desviar cauces de quebradas y secar algunas vertientes de agua cuyo lugar de nacimiento estaba en el cerro Lorocache, apropiarse de un inmenso lago denominado Cocha Muerta al que le ha puesto un letrero que dice Propiedad Privada. Todo esto sin las autorizaciones de ley de los sectores correspondientes. A esto se suma la abundante extracción de madera.

En marzo de 2008 el representante del Ministerio de Agricultura firma el contrato de compra venta y con ello se genera mayores problemas. La Municipalidad distrital solicita al Ministerio de Agricultura la Nulidad de la Resolución N. 255.AG.2007, la misma que es denegada. Solicita en el Poder Judicial una Acción de Amparo en mayo 2008, que hasta la fecha no resuelve. Solicita una Medida Cautelar en mayo 2009 que fue concedida a finales de mayo y revocada por la Segunda Sala Mixta Descentralizada de San Martin a mediados de noviembre. Con esta resolución la empresa ha iniciado el trabajo de preparación del terreno para la siembra de la palma aceitera. Son cientos de obreros trabajando con motosierras, machetes, hachas, tractores, helicópteros sobrevolando la zona y el personal de seguridad custodiando la zona.

Los campesinos de la zona estan indignados y se teme que puede terminar en un enfrentamiento con graves consecuencias.

Y, además se suma a todo esto, la solicitud de la empresa Palma del Espino, también del grupo Romero, cerca de 7000 Has. colindantes a las 3000 Has., donde hay cientos de posesionarios que esperan su título de propiedad desde el2007 y se les niega por el simple hecho de que tienen poco espacio trabajado y mantienen mucho bosque primario y porque la empresa tiene solicitada el área.

En tiempos donde hay emergencia ambiental de carácter mundial y donde todos los gobiernos apuestan por la conservación de los bosques, los Bosques Primarios del distrito de Barranquita, de los pocos que quedan en la región, están siendo arrasados ante la indiferencia de muchos y el dolor y la ira delos pobladores de Barranquita.

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